Sobre inclusión laboral: avances del Decreto 2011 de 2017

El decreto 2011 de 2017 tiene como objeto establecer el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público. Es decir, en todos los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes, mediante un porcentaje establecido cada cuatro años a partir de 2019 en los cargos de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados de las entidades. Teniendo en cuenta el tamaño total de la planta de la entidad.

Para la implementando de este decreto, la Dirección del Empleo Público de la Función Pública ha venido orientando a las entidades para darles a conocer los aspectos para tener en cuenta para la contratación.

Gracias al acompañamiento de la dirección de empleo público las entidades a través del Sistema de Información y Gestión del empleo Público -SIGEP- han empezado a identificar el número de empleados con discapacidad que tienen en su planta, que categoría de discapacidad, que tipo de nombramiento, por ejemplo, si es de libre nombramiento, está en periodo de prueba, o es provisional entre otros. A qué nivel jerárquico pertenece, si es directivo, profesional o técnico y si cuenta con los ajustes razonables para el desempeño de su cargo. Entendiéndose como ajustes razonables “Aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos, en igualdad de condiciones”. Artículo 2, Convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad 2006. Así mismo, identificar los cargos en vacancia para poder vincular personas con discapacidad que cumplan con el perfil requerido.

Este trabajo de seguimiento y acompañamiento ha permitido que a partir del año 2019 se empezara a tener mayor conciencia por parte de las entidades del Estado de las capacidades de las personas con discapacidad y se incrementará el número de contrataciones. Pero es importante continuar fortaleciendo este acompañamiento a las entidades pues aún hay bastantes que no tiene la claridad de la implementación de este decreto ni tampoco a donde ofertar las vacantes para que las personas con discapacidad las conozcan.

El INCI en conjunto con la Función Pública ha venido realizando una serie de asesorías a las entidades del orden nacional y territorial con el fin de dar a conocer
 
los servicios que se ofrece a las entidades para la contratación de personas ciegas o con baja visión desde el momento de la oferta de las vacantes hasta la vinculación de la persona con discapacidad visual y el seguimiento hasta que el empelado contratado con los ajustes razonables pertinentes pueda desempañarse en su puesto de trabajo y participe de las diferentes actividades de la entidad enmarcadas en sus planes de capacitación , bienestar, seguridad y salud en el trabajo entre otros.

De igual forma que la entidad pública cuente con la tranquilidad que al contratar una persona con discapacidad visual cuenta con el INCI para dar respuesta a sus inquietudes y brindar el acompañamiento necesario durante el ciclo de vida del servidor público.