Los avances y los retos para tener un empleo público incluyente

No hay esfuerzo sin recompensa y no hay avance sin proyección. Desde hace mucho tiempo el Estado colombiano ha venido tratando lo relacionado  con la discapacidad, y para ello se pueden citar los avances en este campo, casi que en un orden cronológico.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 13, consagra que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; donde el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta por razones de salud.

Posteriormente se expide la Ley 361 de 1997, que estableció los mecanismos de integración social de las personas con discapacidad. Así como, la Ley 1346 de 2009, con la cual se aprueba para Colombia la ‘Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad’, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

De otra parte, la Ley 1618 de 2013 establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Como por ejemplo, el derecho al trabajo, y por lo cual fue expedido el Decreto 2011 de 2017, relacionado con la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector público colombiano.

Lo anterior es el reflejo de un camino recorrido y que no se puede desconocer. Son esfuerzos materializados en normas que dan un marco para que la situación de las personas con discapacidad se transforme y se les brinden más y mayores posibilidades profesionales. Estamos comprometidos con seguir avanzado a mayor velocidad y con una perspectiva  integral, pero bien sabemos que esto no es un cambio de forma, sino que conlleva  a una paulatina transformación cultural de la sociedad que requiere de un proceso constante.

Desde Función Pública, en lo que corresponde al ámbito laboral, estamos comprometidos con que el cambio se genere en el menor tiempo posible. Que la participación en el sector público de las Personas con Discapacidad (PcD) incremente en términos de vinculación, así como de propiciar espacios de inclusión laboral en el empleo público, bajo los principios de mérito, equidad y responsabilidad social, que garanticen el acceso en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades.

El reto para todas las entidades públicas  es materializar lo que ya está en la regulación. Es el tiempo de concretar con acciones  las propuestas hechas, de llevarlas a la realidad y de transformar la vida de miles de colombianos. Para lograr estar a la altura de este desafío, es necesario contar con el apoyo de aliados estratégicos, como el INCI, con quien en días pasados se firmó un acuerdo  interinstitucional el marco del Programa Servimos.

Con esta alianza se busca brindar a los servidores públicos y contratistas del Estado cursos básicos de interacción de personas con discapacidad visual, a través de talleres en el sistema Braille con enfoque en la atención al ciudadano. Adicionalmente, enriquecer en conjunto la oferta de ajustes razonables que ofrecemos a las entidades públicas, entre las que se destacan el teletrabajo y los horarios flexibles, que venimos liderando su implementación con éxito desde hace unos años y que han probado ser estrategias para mejorar la calidad de vida de los servidores públicos.

En este sentido, el gobierno, tomando como base el porcentaje establecido en el Decreto 2011 de 2017, se propuso como meta vincular a mínimo 12.000 personas con discapacidad en el sector público durante el cuatrienio.

¿Cómo llevaremos a cabo esta empresa? Cabe señalar que, de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), a 31 de diciembre de 2018 laboran en el Estado alrededor 1.900 PcD, lo que equivale al 0.16% del total de servidores públicos. Sobre ellos sabemos que el 39% están en el orden territorial, un 36% en la Rama Ejecutiva del orden nacional y un 20% en la Rama Judicial; los sectores de Justicia, Defensa y Hacienda son los que emplean un mayor número de servidores públicos con algún tipo de discapacidad.

Igualmente, se puede decir que la mayoría de estas personas están en el nivel Asistencial, con un 34%, seguido del nivel Profesional y Técnico, con un 31% y 29% respectivamente. La discapacidad visual, con un 36%, y la discapacidad física, con un 27%, son las más representativas en los servidores públicos, y en cuanto a género, los hombres representan un 54% frente a 46% de participación de las mujeres.

Ahora, la meta de 12.000 personas puede parecer lejana y ambiciosa, pero por eso mismo la definimos, pues es una acción concreta por un empleo público mas incluyente. Pasar de 1.929 PcD a 12.000 PcD vinculadas al sector público en cuatro años, sin duda requiere de un gran esfuerzo que bien vale la pena realizar, y para ello, invitamos jornada tras jornada a  todas las entidades públicas a vincularse junto con nuestra asesoría en esta gran causa.

Además, este es el escenario propicio para hacer un llamado a la población con discapacidad para que continúe cualificándose, preparándose y capacitándose, porque si bien, el Decreto como acción afirmativa abre una posibilidad de vinculación; también estamos seguros que esta se dará sin afectar el mérito como principio para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro, es más, lo que buscamos es abrir espacios para que las personas con discapacidad, que sean competentes y que estén preparadas y tengan las competencias requeridas, tengan la oportunidad de vincularse a las entidades públicas respetando el principio del mérito y no por una situación de vulnerabilidad.

Aunque somos conscientes que estamos ante un camino por recorrer y que existen desafíos importantes en el país, pues este es el primer peldaño de una larga escalera, sabemos que los firmes pasos que estamos dando aportan para que la población con discapacidad tenga otras realidades que todos como sociedad debemos construir conjuntamente y que aporta a la inclusión de manera concreta.

El trabajo dignifica porque a través de él el ser humano se realiza y siente que aporta a la construcción de la sociedad. Por ello, la importancia de seguir concretando este nuevo desafío que nos depara; no por el simple cumplimiento de una norma, sino por la firme convicción de que todos somos parte de la solución y, porque nuestra contribución a que esta sociedad sea más equitativa debe ser mayor desde el sector público, a través de la vinculación al servicio público, entendiendo que el mérito debe primar sobre cualquier otro criterio y que debemos adecuar nuestros procedimientos para que en este contexto se promueva la inclusión de los mejores, pues solo con la inclusión podremos tener escenarios reales de diálogo y construcción conjunta de una mejor y más incluyente administración pública.

Así que todos hacemos parte de un empleo público incluyente y ese debe y es nuestro compromiso constante para hacer de Colombia un mejor país para todos.

Autor:
Dr. Francisco Camargo 
Director de Empleo Público en Función Pública
Instituto Nacional para Ciegos - INCI