El INCI le apuesta a la inclusión laboral de las personas con discapacidad
Edición Número 187
03 de Octubre de 2018
Los beneficios tributarios de la Ley 31 de 1997 se traducen en incentivos para que las empresas públicas y privadas le apuesten a la inclusión laboral de las personas con discapacidad:
El Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017, por ejemplo, busca que en las entidades del sector público una parte de los funcionarios sean personas con discapacidad. La normativa establece unos porcentajes para el 2019, 2023 y 2027.
- Entidades públicas con menos de 1.000 empleados deben tener el 4% con participación de personas con discapacidad.
- Entidades públicas entre 1.001 y 3.000 empleados deben tener el 3% con participación de personas con discapacidad.
- Entidades públicas con más de 3.001 empleados deben tener el 2% con participación de personas con discapacidad.
El Instituto Nacional para Ciegos - INCI, por su parte, ya cumplió con creces la meta propuesta por el Gobierno a 2027. En la actualidad, el 14% de los funcionarios tiene alguna discapacidad y, en el caso de los contratistas, se trata del 26%.
El INCI es socio del programa Ágora, desarrollado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de Latinoamérica FOAL y el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos - CRAC.
Con estos proyectos, hemos trabajado durante los últimos años para hacer que tanto el sector público como el privado les abran las puertas a las personas con discapacidad y valoren, antes que nada, sus aptitudes y formación académica.
