Las estadísticas, un insumo necesario.

Las estadísticas en el diseño de políticas públicas y en la programación de los planes de desarrollo y estratégicos de las distintas entidades de cualquier Orden Nacional, se convierten en un insumo y referente indispensable para definir sus planes, metas, indicadores y demás acciones.

Desde este marco, la metodología de la focalización, entendida ésta como el conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a personas o grupos poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como potenciales beneficiarios de intervenciones del Estado, es una herramienta obligatoria para reconocer e impactar a las poblaciones objeto de las políticas.  En este sentido, se focaliza para direccionar la asignación eficiente de los recursos e  intervenciones públicas definidas en el marco de la política social, contribuyendo al cierre de brechas relativas a los problemas o carencias que dichas intervenciones buscan resolver.

En lo estrictamente técnico, este modelo de la focalización plantea inicialmente dos preguntas básicas: ¿Quiénes? y ¿Dónde?. 
Frente a la pregunta de quiénes son, la focalización recurre a criterios para identificar y dimensionar la población objetivo con carencias básicas.  Ante la pregunta de dónde están, se recurre a criterios de localización de la población objeto, especialmente criterios territoriales o institucionales. 

Además de lo anterior, algunos analistas y especialistas de la programación social, sostienen que la pregunta ¿Qué?, corresponde ser formulada sólo en el ámbito de la priorización de alternativas de acción, como parte de los problemas de la formulación programática, la cual no correspondería su consideración en el ámbito de la focalización, pero que resulta imperiosa al momento de programar y ejecutar.
 
Bajo este contexto y dada la competencia del Instituto Nacional para Ciegos- INCI, le corresponde a este revisar, estudiar y delimitar sus actuaciones, teniendo en cuenta como referente las estadísticas que presenta el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en lo que respecta a la población con discapacidad visual, no solamente las cantidades y su localización, sino además, su caracterización es decir, conocer las condiciones en las que se encuentra este grupo poblacional.

Lo anterior es determinante para el INCI, en la dirección de desplegar todo su ejercicio técnico, reconocer las necesidades e intereses de la población con discapacidad visual.

Además los contextos territoriales e institucionales hacen parte de esas lecturas que el instituto obligatoriamente debe revisar para establecer sus alternativas, estrategias y programaciones orientadas a mejorar las condiciones de inclusión de las personas ciegas y con baja visión del país.

En este orden de ideas, el INCI periódicamente revisa y explora, desde la óptica de una lectura analítica y crítica los contextos de los distintos territorios.

Por consiguiente, el Instituto en su dinámica interna, retoma los informes y antecedentes de acciones de años anteriores, conjugado con la interlocución de los diferentes actores locales y nacionales, para que a través de un trabajo concertado y contextualizado a las condiciones de cada territorio, ejecute sus apuestas técnicas, que permitan dar respuesta a las necesidades institucionales en términos de aportar en la garantía de los derechos de la población con discapacidad visual.

Por supuesto, este trabajo no puede ser alejado de las realidades de la población, por lo que también el INCI con el concurso de las personas con discapacidad visual y sus colectivos, recoge y construye sus planes estratégicos, en el marco de la descentralización administrativa para fortalecer la institucionalidad. 

Ahora, con los resultados publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en lo referente a la población con discapacidad y más exactamente en discapacidad visual como grupo focalizado, es fundamental su estudio y análisis para formular su programación y priorizar su actuación, vigencia tras vigencia, para dar alcance a los 1´948.332 de personas ciegas y con baja visión que reportan las estadísticas, datos que equivalen al 62% de la población con discapacidad en general, el porcentaje más alto, situación que demanda del Estado Colombiano y del INCI su competencia, dirigida a mejorar las condiciones de inclusión social de este grupo poblacional.