La transformación de un sistema educativo a un sistema inclusivo

La transformación de un sistema educativo a un sistema inclusivo como he titulado este artículo, fue uno de los puntos centrales en el panel presidido por la Señora Ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo, en el marco del Foro Internacional por la Inclusión y la Equidad en la Educación, “Todas y todos los estudiantes cuentan”, realizado en Cali, del 11 al 13 de septiembre del presente año.

Por ello, una de las preguntas formuladas por la Ministra de Educación a los panelistas fue:

¿Cuáles han sido las principales medidas que sus países han implementado para hacer del sistema educativo un sistema inclusivo?

La viceministra de educación, arte y cultura de Namibia, África, Ester Anna Nghipondoka, resaltó como puntos principales la implementación de políticas mucho más democráticas y tendientes a un desarrollo social igualitario donde los imaginarios frente a la inclusión se van desmitificando, de manera que los procesos de inclusión en su país se van dando hoy por hoy de modo mucho más natural que en años atrás.

Por su parte, la inspectora de educación secundaria de Burkina Faso, otro estado situado en la región occidental del continente africano, destacó que en su país se han creado políticas de lucha contra la discriminación, sobre todo en lo concerniente a la perspectiva de género, ya que las mujeres, por asuntos de orden cultural,  no tienen los mismos derechos para acceder a la educación.

El señor Vernor Muñoz, ex relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación y jefe de política y promoción de la campaña mundial por la educación, experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico de los derechos humanos, hizo el análisis de algunas características que se deberían considerar dentro de la normatividad y la política pública para lograr la inclusión.

Mencionó por lo menos cinco características a tener en cuenta:

1. Los marcos normativos y las políticas públicas, que deben actuar en perfecta consonancia o correspondencia, deberían responder a las obligaciones que desde los estados se adquieren en materia de derechos humanos. En este sentido, el derecho a la educación, que es un derecho en sí mismo, también es habilitante de los demás derechos humanos.
    
2. Es preciso recordar que la educación inclusiva como concepto, no es una moda ni tampoco una modalidad; es más bien, un enfoque que abarca toda la educación como teoría, como política pública, como sistema y como práctica. Por consiguiente, es también obligación de los estados promover la inclusión desde los principios de igualdad, justicia social y no discriminación. Para explicar mejor esta característica propuso una metáfora, donde los derechos humanos son la autopista por donde avanza la educación y la inclusión es el vehículo.
    
3. La integralidad y la multisectorialidad que deberían tener los marcos normativos y las políticas públicas. En tal sentido, la educación inclusiva debe responder a un Modelo de Estado, lo cual significa que no se puede pensar en una escuela inclusiva dentro de una comunidad excluyente, de manera que la inclusión debe convertirse en una Política de Estado, así que un Estado que elimina por ejemplo la perspectiva de género en la educación, no podría considerarse como un Estado incluyente; Y un Estado que criminaliza a la población LGBT,  también está fallando en sus intentos de ser un estado incluyente. En el caso de las personas con discapacidad y sus familias, se sigue viendo como mayor factor de exclusión los prejuicios y los estigmas que pesan contra estas personas. Esto nos permite comprender que los mayores problemas de la educación no provienen de la educación misma, sino de los entornos sociales, políticos y económicos que la circundan y discriminan. Por lo tanto, es injusto dejarle a la educación la responsabilidad de resolver problemas que los políticos no quieren resolver.
    
4. La progresividad. Tenemos que recordar que ni las leyes ni las políticas deben ser neutras. Esto es, que tanto la legislación como las políticas deben estar niveladas para corregir y direccionar las falencias existentes y deben expresarse en acciones afirmativas para transformar los escenarios de discriminación, pues, las políticas públicas deben ser el mecanismo para seguir avanzando hacia un desarrollo sostenible y de alguna manera también aspiran  a la utopía, porque tenemos que soñar un mundo diferente. Y es que tenemos derecho no a cualquier educación, sino a una educación que nos permita desaprender la violencia y el odio. Por eso, para ser inclusiva, la escuela también debe cambiar, porque no se puede pensar en una convivencia en condiciones de equidad dentro de un sistema educativo que fue pensado para homogeneizar, para estandarizar, para segregar y para disciplinar. Entonces, se debe repensar la escuela como un asunto de Estado de manera urgente.
    
5. Las políticas públicas y los marcos normativos deben dotar de sentido a la educación. Deben marcar un camino de defensa y protección a la diversidad. Porque la convivencia en la diversidad es lo que hace posible los aprendizajes significativos. Si se hace un repaso por la historia de la humanidad, cualquiera que sea, los grandes cambios siempre han provenido de aquellos que son diferentes. De manera que garantizar el derecho a la educación a personas que han sido históricamente discriminadas, como es el caso de las personas con discapacidad, no solamente es un imperativo ético, sino la principal garantía para que podamos sobrevivir. En este punto, el señor Vernor cita a Paulo Freire, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, quien decía que “aprendemos siempre con los otros”. De tal manera que lo contrario al aprendizaje no es la ignorancia, sino la soledad. A quien se le impide aprender se le niega el mundo, y lo que es peor aún, el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas.