La discapacidad y su derecho fundamental a la libre locomoción

La Corte Constitucional recordó en la Sentencia T-382 de 2018 que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho a circular libremente por el territorio nacional, libertad de locomoción, garantía que implica “la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos”.

De igual forma, la Corte precisó que es un derecho fundamental constitucional que, al igual que la vida, tiene una especial importancia en tanto es un presupuesto para el ejercicio de otros derechos como la educación, el trabajo o la salud, sobre todo para las personas con discapacidad, que encuentran barreras arquitectónicas y de accesibilidad.

Así las cosas, es evidente que el derecho de la libre locomoción se ve reflejado en el derecho al transporte y contiene un derecho en favor de las personas con discapacidad, el cual, a su vez se convierte en una obligación clara y expresa por parte del Estado, consiste en propender por la inclusión social de este grupo de la población y garantizar la igualdad de oportunidades y el trato más favorable.

La Sentencia T-382 de 2018 de la Corte Constitucional también enfatizó que tanto la protección constitucional reforzada que gozan las personas con discapacidad, como las disposiciones internacionales y legales vigentes que regulan la accesibilidad y protegen sus derechos, determinan las obligaciones a nivel arquitectónico y de infraestructura.

De esta manera, la Corte Constitucional concluyó en esta Sentencia T-382 de 2018 que algunas de las obligaciones para el Estado en materia de accesibilidad a nivel de infraestructura son las siguientes:

1. Garantizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad para asegurar que todas las políticas, planes y programas garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos.
2. Adoptar medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones tanto externas como internas, públicas y privadas faciliten el transporte, la comunicación y el acceso a personas con discapacidad.
3. Eliminar toda barrera de acceso en los distintos espacios públicos, como escuelas, viviendas, centros médicos y lugares de trabajo.
4. Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones abiertas al público y servicios de cualquier naturaleza cumplan con las normas de accesibilidad física.
5. Brindar toda la información requerida en formatos accesibles para las personas con discapacidad interesadas en el tema.
6. Igualmente, la Sentencia T-382 de 2018 de la Corte Constitucional que estamos comentando aseguró que los particulares también deben cumplir con ciertas obligaciones derivadas de los derechos a la accesibilidad y a la libertad de locomoción en materia física. En los espacios de propiedad de particulares o privados se han establecido principalmente dos obligaciones fundamentales: