La complejidad del riesgo electoral en las elecciones locales

Desde 2007, la Misión de Observación Electoral-MOE, ha elaborado junto con reconocidas universidades y centros de pensamiento el mapa de riesgos electorales, que pretende generar una alerta temprana a autoridades nacionales y locales sobre en dónde enfocar esfuerzos institucionales que permitan elecciones libres, seguras y confiables. 

Si bien la MOE ha registrado un importante descenso del riesgo electoral, preocupa ver un estancamiento en esa caída, que refleja que autoridades, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía enfrentamos un momento crucial en el que se debe hacer el máximo esfuerzo para la consolidación del Estado de derecho y la Democracia en Colombia.

El derecho fundamental a la participación política, pilar de nuestra democracia, debe garantizarse al máximo en todo el territorio nacional, pues la exclusión y el abandono de muchas regiones han reproducido desde décadas atrás los círculos viciosos de violencia y corrupción que nos impiden prosperar como nación. 
Para estas elecciones locales de 2019, la MOE ha alertado que en 152 municipios a nivel nacional existen indicios de riesgo electoral por la confluencia de factores de fraude y de violencia (40 en riesgo extremo, 66 en riesgo alto, 46 en riesgo medio). Las regiones más afectadas son la Sierra Nevada de Santa Marta, Arauca, las cuencas del Guaviare, el Caguán y el Caquetá en la Amazonía, la porción norte de Antioquia desde el Magdalena Medio hasta Urabá, el Pacífico y el Macizo colombiano.

Esta evaluación resulta de la ponderación de distintas variables que consideramos riesgosas, así que nos proponemos, muy brevemente, enumerar los factores que están afectando la democracia en estas elecciones. Algunas variables poseen información pública y otras que plantean en sí, desafíos tanto para la institucionalidad como para la sociedad. 

El fraude: La posibilidad de manipular la voluntad ciudadana en un proceso electoral implica analizar todo el calendario electoral comenzando por la inscripción de cédulas, momento en que comienzan a aparecer indicios claros de posible trasteo de votos. En esta categoría también se encuentran los delitos electorales como la compra y venta de votos, la suplantación al elector, la participación en política de funcionarios públicos, la atípica aparición de votos nulos o la concentración de la votación de manera irregular a algunos candidatos. 

La violencia: La relación entre violencia y democracia en Colombia se ha demostrado, de manera cruda, en los procesos electorales. En este sentido, hay que mencionar que para este año se ha observado un aumento de la violencia contra candidatos respecto de lo ocurrido en los anteriores procesos electorales de 2015, 2016 y 2018. Por el contrario, factores de violencia como la presencia de grupos armados ilegales, las asonadas, el desplazamiento forzado y los ataques contra la libertad de prensa han ido disminuyendo en cada proceso electoral. 

La información y la tecnología: Este año Colombia tendrá las primeras elecciones de autoridades locales en un ambiente en el que puede aparecer la desinformación, o posverdad como elemento de riesgo electoral. La importancia de la tecnología y de las redes sociales para las campañas y el uso estratégico de éstas, han causado toda suerte prácticas riesgosas para la democracia: el lenguaje del odio, la polarización, las noticias falsas, los montajes, los bots, y la fabricación artificial de tendencias han sido temas de reflexión, no solo en Colombia, sino en el mundo sobre como la democracia se prepara para estos nuevos entornos digitales. Al día de la publicación de este artículo ya hemos encontrado que el 10.2% de todas las conversaciones que estamos teniendo en 12 ciudades sobre las elecciones tienen un lenguaje de agresividad, grosería y polarización. 

Financiación de campañas: Uno de los temas que más demuestra la debilidad institucional que tenemos como democracia tiene que ver con el control al origen, monto y destino de los recursos que se invierten en campañas. Esta debilidad se profundiza por una cultura de no reporte por parte de las campañas, el riesgo de la infiltración de dineros del narcotráfico y la corrupción, y la violación de topes de gastos de campaña, sin que hoy tengamos claro qué tipo de vigilancia se está haciendo en los municipios más alejados del centro del país, pues es allí donde la no presencia de autoridades electorales con capacidad de investigación y sanción puede generar un clima de impunidad sobre estas conductas. 

Los escrutinios: Punto aparte sobre posibles riesgos a nuestra democracia tiene el proceso de escrutinios. Primero, debemos tener en cuenta que las leyes electorales que rigen este proceso fueron expedidas en 1986, época muy diferente en términos tecnológicos, de comunicación y financieros a lo que tenemos hoy. Colombia tiene el reto de generar mecanismos que permitan trazabilidad, auditoría, interrelación papel-tecnología, eliminar el exceso de intervinientes y procedimientos donde se posibilitan puertas para la alteración de resultados. 

Las elecciones locales ponen a prueba al Estado en toda su dimensión, pues no solo implica la participación armónica de las autoridades nacionales, sino la responsabilidad democrática de cada funcionario en cada municipio del país. Al mismo tiempo implican un reto para la observación electoral por la magnitud del proceso y los intereses económicos y políticos que se ponen en juego. Para muchos municipios será el repetir historias de corrupción y desconfianza en el sistema. Para otros será la oportunidad de devolverles a los ciudadanos la democracia y arrebatársela a violentos y corruptos.