Desarrollos normativos y proyectos de ley en los que ha participado el INCI para la inclusión laboral

El Instituto Nacional para Ciegos- INCI en conjunto con otras Entidades, adelanta acciones para promover la concienciación a las Entidades públicas y privadas y asesorar a los empresarios, sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual. Asimismo brinda asistencia técnica a los servicios de intermediación laboral, para la atención de las personas ciegas y con baja visión.

El INCI también ha participado implementando y ofreciendo conceptos técnicos en el marco de la inclusión, a propuestas de reglamentación de normas para garantizar los derechos al trabajo de las personas con discapacidad, en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y desde el modelo conceptual social de la discapacidad, rompiendo enfoques y paradigmas tradicionales en los diferentes actores que intervienen en este proceso, promoviendo el derecho a vincularse en el mercado laboral abierto, con los ajustes que garanticen entornos laborales inclusivos y accesibles, y materializando lo que implica, en la práctica, la no discriminación como lo indica el Ministerio de Trabajo.

Una de estas normativas en las que el INCI ha participado en su implementación es el Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017. “El cual establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes”.

Para esta implementación el INCI ha venido participando con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la elaboración de los procedimientos y protocolos a tener en cuenta para la vinculación de las personas con discapacidad. Así mismo, ha asesorado a las oficinas de Gestión del Talento Humano de las Entidades públicas, para propiciar y promover la vinculación de personas ciegas y con baja visión en el análisis de puestos de trabajo, accesibilidad digital, al espacio físico y señalización.

Otro proyecto de Ley al cual el INCI ha dado su concepto, es el presentado por el Alto Consejero Presidencial para la Discapacidad y el Director de Empleo de la Función Pública, propuesta con la cual se pretende reglamentar “La adecuada y efectiva participación de las personas con discapacidad en los empleos de carrera administrativa, de conformidad con los artículos 13 y 40 de la Constitución Política”.

En este proyecto de Ley se propone que los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes que cuenten en sus
 
plantas de personal con empleos públicos de carrera, deberán establecer un mínimo de empleos de carrera, en cuya provisión mediante concurso de méritos, solo podrán participar personas con discapacidad. El cálculo de este porcentaje se establecerá de acuerdo al tamaño total de la planta de las entidades tal como lo presenta el Decreto 2011 de 2017 con el fin de garantizar en igualdad de oportunidades las condiciones de acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa, a aquellos ciudadanos que se encuentran limitados físicamente, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Así mismo en este proyecto de Ley se menciona que la Comisión Nacional del Servicio Civil estructure los procesos de selección de acuerdo al nivel de discapacidad, de modo que permitan garantizar el acceso de las personas con discapacidad en los empleos reservados para esta población.

Por todo esto desde el INCI, se propone que las acciones afirmativas sean importantes para garantizar la vinculación de las personas con discapacidad visual. Pero dejar cargos específicos para personas con discapacidad, es cerrar posibilidades para presentarse a otros cargos en los cuales se cumple con los perfiles, por ello debe contemplarse la opción de presentarse a todos los cargos concursando en igualdad de condiciones.

Es necesario enfocar tanto en el objeto como desde su articulado, la capacidad que tiene una persona con discapacidad para responder a la exigencia de un puesto de trabajo y no desde sus condiciones de salud.

Para garantizar el derecho de que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los concursos de méritos, es necesario que las pruebas sean accesibles, es decir, que se elaboren en distintas posibilidades de formatos para su presentación como lo son el Braille, lector de pantalla, con apoyo de un lector (voz humana), utilizando un circuito de magnificación o cualquier otro que en todo caso sea accesible. De otra parte, también deberán hacerse los respectivos ajustes en tiempo para la presentación de las pruebas y solicitar que se garanticen los apoyos específicos.

La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que estipulan la inclusión laboral de las personas con discapacidad; o que definen lineamientos integrales de política para su atención. Sin embargo, el acceso al mercado laboral es uno de los mayores obstáculos que encuentran las personas ciegas y con baja visión en el país, en un entorno en el que ni el propio Estado se da la oportunidad de vincular a estas personas por desconocimiento o por los imaginarios frente a sus capacidades y competencias.

Por ello, la meta del actual Gobierno de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2011   de   2017, es generar más de 120.000 empleos para la población con discapacidad. Es por esta razón que el INCI trabaja constantemente promoviendo en las Entidades públicas del Orden Nacional y territorial, el cumplimiento de la normatividad vigente, para garantizar el acceso laboral para
 
estas personas a través de la asesoría sobre los ajustes razonables para facilitar su desempeño laboral.