Certifícame como soy o viviremos separados

El avance de las sociedades se mide en la satisfacción de quienes la conformamos. Las problemáticas debidamente diagnosticadas plantean los retos y búsquedas sociales en un proceso continuado para las soluciones tanto individuales como colectivas, es decir, si sabemos plantear un problema, consecuentemente estamos propiciando su resolución. Por ejemplo, el paso previo a toda norma para este caso de tipo legal es recoger los antecedentes o exposición de motivos que dan soporte a esa línea de continuidad y progresividad en un estado social de derecho.

Esto implica un permanente análisis situacional y no lo es solo por parte de los estudiosos de las diversas dinámicas sociales, pues también la reflexión es individual, como lo planteó el filósofo Francés Rene Descartes, también conocido como Renatus Cartesius, en una de sus máximas de mayor reconocimiento: “pienso luego existo”.

Aquí la invitación es a repensarnos, a reconocernos, a identificarnos como grupo poblacional, empezando por reconocer y pensar en nuestras características individuales que, en sumatoria, también implican un carácter identitario.

Así las cosas, el “como soy” conlleva el autoanálisis para saber cómo vivo o cuales son mis condiciones de vida y si se quiere más filosóficamente hablando, de dónde vengo y para dónde voy o con qué recursos cuento para facilitar ese tránsito en la vida y cuáles son las dificultades que debo afrontar para proseguir en pos de esa vida cada vez más satisfactoria. En otros términos, es identificar mis necesidades avanzando en la búsqueda de sus satisfacciones y para esto ejercito mi capacidad y, reconociendo que existe también, supero mi discapacidad.

Esta reflexión es uno de los contenidos implícitos en la Resolución 583 de reciente expedición por parte del Ministerio de Salud que, dicho sea, de paso también conlleva el reconocimiento de nuestra existencia como grupo poblacional y no quiero decir que esto antes no sucediera, la diferencia es que ahora nuestra sociedad o el Estado, si así se quiere, se compromete a certificarlo, lo que es igual si reconocemos nuestra discapacidad en un pacto de común acuerdo, la institucionalidad igualmente nos reconocerá o certificará.

Así como la cédula, esta certificación conlleva unas garantías para nuestros ejercicios ciudadanos, enmarcado en una condición particular que a su vez establece las condiciones sociales que deben garantizar nuestro mejor desempeño a partir del reconocimiento de esas características que hacen más difícil nuestras cotidianidades. Esto siempre lo hemos conocido como la equiparación de las oportunidades, la diferencia es que ahora con esta certificación, además del registro y caracterización, complementaremos los supuestos de un censo con dudas y cuestionamientos, posibilitando una cuantificación para avanzar a la cualificación para el goce efectivo de nuestros derechos con mayores soportes para la inversión pública.