Agenda legislativa 2020 en discapacidad

Fotografía, Personas con discapacidad visual reunidas
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Edición Número 111

Con la instalación, el pasado 20 de julio, de las sesiones ordinarias del Congreso de la República, se surte actualmente el trámite legislativo de 10 proyectos de ley en materia de discapacidad.

Tres de los proyectos mencionados están dirigidos directamente a población con discapacidad visual. El primero de ellos, el proyecto de ley 138 de 2019 Senado, puesto a consideración por las carteras de Interior y de Relaciones Internacionales, busca aprobar el “Tratado de Marrakech” por parte del Estado colombiano y, con ello, facilitar a personas con discapacidad el acceso a la información y a obras que estén dirigidas al público en general en un formato accesible y sin costo, compatibilizando, de paso, los derechos de autor a los que están sujetas. Esta es, por ahora, la iniciativa más adelantada, debido a que está pendiente para discutir la ponencia de segundo debate.

El segundo, el proyecto de ley 283 de 2020 Cámara, presentado por la representante Margarita María Restrepo Arango, que regula el sistema de audiodescripción en el país, faculta a quienes son ciegos o tienen baja visión, la recepción y entendimiento de toda la información contenida en las diferentes producciones audiovisuales nacionales o locales (noticias, programas educativos, culturales, etc.) por sí solos, a través de esta descripción sonora.

El tercero, el proyecto de ley 201 de 2020 Senado, de autoría de la senadora María del Rosario Guerra de La Espriella, define el uso legal del bastón blanco con extremo inferior rojo, erigiéndolo como una herramienta proba para su desplazamiento y como un símbolo identitario, que deberá ser entregado gratuitamente por las entidades promotoras de salud (EPS) o el Sisbén a quien lo solicite. También, habría una capacitación técnica para su manejo, además de fijar, cada año, el 15 de octubre como fecha alegórica del bastón blanco.

Es importante destacar, que los proyectos de ley 283 y 201 contaron con la asistencia técnica del Instituto Nacional para Ciegos -INCI para su elaboración.
Como se mencionó atrás, los otros proyectos de ley están direccionados a favorecer a toda la población con discapacidad. Allí existen dos iniciativas parlamentarias radicadas en la Cámara de Representantes, encaminadas a reconocer el trabajo que realizan los cuidadores de personas con discapacidad (familiares e informales), mediante diversas medidas relativas a su formación, acceso a salud (física y psicosocial), pensión y el fomento de la generación de ingresos para ellos.

Por un lado, está el proyecto de ley 041 de 2020 del representante Óscar Leonardo Villamizar Meneses, que propone la creación de un Programa Nacional de Orientación y Formación que estaría en cabeza de los Ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Protección Social, así como de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las universidades públicas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por ello, este programa contaría con un sistema de información unificado e integrado para tal fin.

De otra parte, el proyecto de ley 267 de 2020, radicado por 19 congresistas de diferentes partidos, plantea instituir un Sistema de Registro de localización, caracterización e identificación de los cuidadores, así como líneas de empleabilidad en el sector público, deducciones en el impuesto a la renta por su contratación, flexibilidad de sus horarios laborales, teletrabajo e, incluso, propone el 24 de julio de cada año como el Día Nacional del Cuidador.

En cuanto al derecho a la educación, encontramos el proyecto de ley 104 de 2020, formulado por 20 representantes a la cámara, donde se estima la necesidad de promover el acceso gratuito a la educación superior de calidad de personas con discapacidad, promoviendo una cultura de respeto hacia ellos, que propenda por su inclusión y asegure también los servicios de apoyo y pruebas accesibles, acordes con las circunstancias y características propias de cada persona.

Asimismo, el proyecto de ley 190 de 2020, indica que no debe, bajo ninguna circunstancia, utilizar la autonomía universitaria como argumento para no implementar los ajustes razonables requeridos en los procesos de admisión de estudiantes con discapacidad.

En materia digital, ubicamos el proyecto de ley 132 de 2020 Senado, que promueve la igualdad e inclusión digital a través de la creación de una Política Pública nacional, redactada por el Gobierno Nacional, y cuyo seguimiento y verificación estará en cabeza del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Bajo esa misma línea, está concebido el proyecto de ley 135 de 2020 Cámara, signado por la senadora Emma Claudia Castellanos y la representante Ángela Patricia Sánchez Leal, que impulsa el teletrabajo en Colombia y pone en manos del Ministerio de Trabajo la responsabilidad de priorizar el trabajo a distancia para trabajadores con discapacidad, madres cabeza de familia y cuidadores.

Por último, una propuesta gubernamental por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, que es acompañada por varios congresistas, es el proyecto de ley 133 de 2020 Cámara, con la que se aspira a fortalecer funcionalmente a las Comisarías de Familia, brindando una mejor atención a los ciudadanos que acuden a dichos espacios, y garantizando, a la vez, el respeto de los derechos humanos mediante una atención diferenciada e interseccional, sujeta a las necesidades de la población vulnerable y de los sujetos de protección especial como lo son las personas con discapacidad.

Todas estas iniciativas constituyen una vía para eliminar las barreras existentes y permitir que la población con discapacidad tenga una vida digna y goce efectivamente de sus derechos. Por este motivo, celebro que el Congreso de la República tenga una agenda legislativa que abarque estas necesidades. Se espera que los referidos proyectos de ley logren el conceso requerido y se conviertan en leyes de la República.
 

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Carolina Rosas Díaz
Acompañamiento legislativo del INCI

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