La inclusión que poco incluye y la que incluye; el caso de la educación superior

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estudiantes universitarias con discapacidad visual
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La inclusión social, como concepto, nació en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa descubrió que la mayor parte de su población, aquella que había sobrevivido a la contienda, tenía alguna discapacidad y que el afán de pureza expresado en conductas como la xenofobia, eran la causa de tragedias como la sucedida en los campos de concentración creados por el partido Nazi en Alemania. El resultado fue que una gran cantidad de personas con discapacidad se harían cargo en adelante de la economía, la política y la vida social en general.

A este proceso se sumó, dos décadas después, la lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses, las reivindicaciones de las feministas, las luchas indígenas y el movimiento por los derechos gay iniciado en la ciudad de San Francisco.

De estos procesos reivindicativos surgieron nociones como la Afirmative Action, donde se promovían acciones que beneficiaban de manera específica a una población determinada. También se promovió la discriminación positiva, según la cual las poblaciones que han sido históricamente excluidas, requerían de medidas particulares que las beneficiaran.

En concordancia con la discriminación positiva, se establecieron en las universidades estadounidenses porcentajes limitados de admisión donde por ejemplo: se acepta a un total de estudiantes hispanos correspondiente al seis por ciento del total de la población que ingresa a la universidad. Con el aumento acelerado de la población hispana en Estados Unidos, esta cantidad se ha convertido en un porcentaje claramente insuficiente y han surgido voces que reclaman su ampliación, sin embargo, la cantidad que se le añada de cupos  a una población determinada debe restársele a otra.

De esta manera, si existe un 6% de cupos para estudiantes hispanos, un 6% para estudiantes afroestadounidenses, un 6% para migrantes del mundo musulmán, un 6% para personas con discapacidad y un 6% para integrantes de la comunidad gay, sucede que al aumentar en un 2% la cuota de estudiantes con discapacidad, se les disminuye en un 0,5% los cupos a las otras poblaciones.

Aún más grave; puede suceder que exista una cantidad de estudiantes con discapacidad igual al 10% del total de personas admitidas en una determinada universidad, cuyas competencias sean las requeridas para ser aceptadas en ella, pero como tan solo puede admitirse un 6%, será necesario excluir a un 4% de esta población por el simple hecho de tener discapacidad.

Esta manera de proceder es la que denomino ‘La inclusión poco incluyente’, definida como aquella acción que al suministrar ventajas específicas para una población concreta, le coarta su libertad para alcanzar logros e incluso, para acaparar un espacio si contara con la destreza necesaria para hacerlo.

Por esta razón, la manera como hemos asimilado la idea de Inclusión, arrastra consigo algunas dificultades que lejos de permitir que alcancemos el propósito trazado, nos distancian de él.

Veamos un ejemplo:  en mis años de estudiante escolar, cuando en Colombia todavía no existía la Ley General de Educación 115 de 1994, donde se indica de acuerdo con el lenguaje de la época ‘que quienes tengan limitaciones deben integrarse en la educación regular’, mis maestros no tenían en su vocabulario las palabras Inclusión Educativa, pero asumían que la meta de permitirle a una persona con discapacidad cursar sus estudios y aprender de forma óptima los conocimientos que se imparten durante el preescolar, la primaria y el bachillerato, constituía una suerte de desafío a la sociedad y al Estado.

Hoy cuando es vigente la Ley 115 de 1994 y se ha complementado con la Ley 1618 de 2013, muchos maestros en Colombia expresan una resistencia abierta a la inclusión de personas con discapacidad en sus aulas.

Parte de esa resistencia se sustenta en la idea de requerir un currículo adaptado para cada estudiante con discapacidad y otro para el resto de personas que acuden a la clase. Esta manera de proceder refuerza la idea según la cual, deberían existir escuelas y docentes dedicados exclusivamente a la atención de estas poblaciones y así liberar a los maestros de una carga, que según creen muchos de ellos, les ha impuesto el Estado con el capricho de incluir a las personas con discapacidad en el aula regular.

Es decir que cuando la inclusión se obliga a través de una legislación, esta comienza a ser cuestionada y acogida con resistencia, mientras que la participación espontánea de las personas caracterizadas por alguna diferencia, suele entenderse como un esfuerzo loable y valorado.

De igual manera, cuando una persona ingresa a la educación superior como efecto de haber obtenido durante la educación previa las herramientas necesarias para cursar una carrera, no se requieren cuotas poblacionales específicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en cantidades predeterminadas.

Para remediar la inclusión poco incluyente, es necesario encontrar un método didáctico-pedagógico que beneficie simultáneamente a los estudiantes con discapacidad y a al total de personas involucradas en el aula. Este método es la multisensorialidad, que permite que personas con diferentes características interactúen entre sí, partiendo del principio según el cual, los sentidos de la percepción como el tacto, el olfato y el gusto tienen una alta probabilidad de ser comunes a todas las personas presentes en una clase.

De este modo, regresamos a esa inclusión que se produjo en los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando las ciudades del viejo continente se llenaron de rampas, señales sonoras y símbolos de accesibilidad, en favor de las personas con discapacidad que eran un grupo numéricamente muy significativo, sin embargo estas adecuaciones contribuyeron al bienestar de la población en un efecto muy contrario al ocasionado por la discriminación positiva impulsada en los Estados Unidos.

De manera que la respuesta demandada por la inclusión es universal y multisensorial, puesto que aplicando estos dos principios, no solo se beneficia a la población con discapacidad, sino al total de habitantes de un entorno determinado.

La implementación de medidas que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad contribuye a la consolidación de los derechos de cuantas personas integran la sociedad.

Este es el caso de la Educación Multisensorial, que empleando los sentidos para permitir que un maestro imparta conocimientos utilizando una sola metodología que funciona con cualquiera de sus estudiantes independientemente de la condición que posean.

 

Jorge Andrés Colmenares Molina Antropólogo, Magister en Ciencias Económicas

 

Autor:
Jorge Andrés Colmenares Molina
Antropólogo, Magister en Ciencias Económicas