¿Por qué nos cuesta tanto?

Fotografía de Patricia Montoya, Subdirectora Encargada del INCI

Patricia Montoya Falla

Subdirectora Técnica (E) 

En días pasados me encontré con un amigo que hacía mucho tiempo no veía. Tal vez desde que entré a la institución, hablo del 2002. Fue tal la sorpresa de vernos  que bajé rápidamente  por la escalera del centro comercial, como si tuviera 10 años.  

Nos abrazamos largamente, como cómplices de antaño. No importaba el lugar, una copa de vino era  suficiente, sabíamos que mucha agua había corrido por debajo del puente.

Él un viajero intelectual de vieja data, profesor, investigador, lleno de experiencias, con algunas canas en la sien. Yo una mujer menuda, con ojos brillantes como las estrellas, romántica, un poco soñadora pero firme en mis convicciones y con unas canas de más.

Ahora recuerdo, me gustaban, me interesaban sus charlas, sobre todo cuando prendía su pipa y todo el olor se esparcía en el ambiente, dando un aire sobrio que permeaba el ambiente académico por algo más popular, más cercano a la gente. La plazoleta del campo universitario se llenaba de color, guitarras sonando a lo lejos, cuenteros que recordaban la historia del hombre común, de una Colombia a sangre y fuego.

Arengas que vienen y van, estudiantes y padres de familia se agolpaban en una sola voz, un solo derecho, acceder a  la educación, a contar con una universidad pública, más cerca de todos. No era difícil conversar, viejas y lejanas tertulias nos volvían cómplices.

Recordábamos los primeros movimientos sociales en Colombia  y cómo solo  la acción en sí misma de la participación, había logrado algunos avances; reconocíamos las voces que durante tantas décadas han luchado por sus derechos; por un lado las mujeres, cuya participación fue legitimidad con su derecho al voto en 1957[1], tema que abordé en otro artículo. O el de las personas con discapacidad que a través de muchos disensos y  consensos lograron que se promulgara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

El proceso ha sido lento, ha requerido un ajuste institucional que demandará algunas transformaciones estatales y de impacto generado por las reformas legislativas en diferentes ámbitos laborales, financieros y por supuesto en los sistemas de educación, salud, trabajo, vivienda entre otros. No era extraño que años después los que ocupen el primer lugar en las demandas de la población colombiana sean los servicios sociales y no las protestas por los servicios públicos. Y sobre eso fue nuestro tema de conversación.

Las organizaciones y movimientos sociales como lo define (Rebolloso, E. 1998), surgen a partir de condiciones sociales que generan tensión, frustración, reclamos y se caracterizan por “un alto nivel de preocupación por un problema y se define como una actividad organizada a largo plazo para promover o asegurar, al margen de la esfera institucional establecida, un interés u objetivo común a través de la acción colectiva”.

Hoy la población con discapacidad se convoca, se une en una apuesta por el reconocimiento del sujeto, por un cambio de paradigma que pase de lo asistencial a lo legítimo, a la garantía de sus derechos.  

Un trabajo articulado en el país se está dando. Por un lado una apuesta por la interinstitucionalidad, y por el otro, un proceso de fortalecimiento de redes, de tejidos sociales que se entremezclan, que son necesarios, que se intercambian, que se globalizan, en un país multicultural. No nos sorprende que no se haya logrado evitar la expresión pública y colectiva. 

Un gran peldaño se logra con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad,  y como dice el maestro Fals Borda “no estamos solos en este gran empeño, en el que la sumatoria de diversidades resulta importante”.

Qué rico fue encontrarlo, nos despedimos como se despiden los amigos, los enamorados, los cómplices, los parceros.

El olor de la pipa me devuelve el tiempo. Otra vez un hasta luego.

 

[1] El reconocimiento al voto de la mujer en Colombia se logró por fin, y paradójicamente, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en 1954, a través del Acto Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente,  a pesar de que durante esa época no se dieron elecciones.